Autores
Gambra Gutiérrez, Andrés Labrador Arroyo, Félix
La Corte no puede identificarse con un elemento concreto de la organización política de las Monarquías europeas anteriores al siglo XIX, sino que constituye un paradigma político. Es decir, fue el marco institucional y político en el que se desarrollaron los acontecimientos, y podría afirmarse que los sucesos que no se dieron en la Corte o repercutieron sobre ella no existieron políticamente hablando. Esto es, la Corte se constituyó (utilizando la terminología aristotélica) en la “forma” política del reino. La Monarquía hispana fue una gran organización política articulada por cortes. Tal estructura de organización conllevaba la existencia en cada reino de una “corte” y de una o varias “casas reales”, lo que en apariencia constituye una contradicción, pues una sola era la persona del monarca. De ahí que, siendo una única organización política, sus reyes dispusieron de numerosas casas reales, completamente formadas y en plenitud de funcionamiento, donde se integraban y prestaban servicio las elites de los diferentes reinos. Uno de ellos era el de Castilla, cuyos monarcas, al igual que en el resto de Europa, habían articulado desde la Baja Edad Media, en el marco de la Corte y de la Casa real, una dilatada serie de departamentos y servicios, concebidos y desarrollados para satisfacer sus necesidades. Los historiadores que han estudiado la Casa de Castilla, sus orígenes y los oficios que la componían, han mostrado cómo adquirió entidad con departamentos y secciones, sobre todo a partir de la dinastía Trastámara. Pero ningún monarca ordenó –que sepamos– la redacción de unas ordenanzas que fijasen sus secciones y definiesen el cometido de sus oficios, y mientras Castilla perduró como reino independiente, semejante “descuido” no tuvo consecuencias. El problema se planteó cuando una dinastía nueva, los Habsburgo, con casa propia y más perfeccionada que la castellana, heredó los reinos y territorios articulados en torno a la corona de Castilla. Durante los reinados de Carlos V y Felipe II, las elites castellanas que colaboraron en la articulación de la Monarquía hispana incurrieron en una contradicción: si, en un primer momento, cuando Carlos V reunió las Cortes en Valladolid en 1518, se mostraron reticentes y recabaron el protagonismo de la Casa de Castilla de la que formaban parte, no sucedió lo mismo cuando, años más tarde, el Emperador, interesado en facilitar la proyección del príncipe Felipe fuera de Castilla con motivo del viaje que realizó por Europa en 1548, dispuso que se sustituyese en el servicio del príncipe la Casa de Castilla, que venía siendo la suya, por la Casa de Borgoña. En esta ocasión, las elites castellanas aceptaron la nueva modalidad de servicio con tal de que sus miembros ocupasen los distintos cargos. La Casa de Castilla, sin ordenanzas y regida por la costumbre, se limitó a poner algunas de sus secciones al servicio de la Casa de Borgoña, produciéndose una simbiosis entre algunos cargos y funciones que estaban repetidos, castellanizándose ésta última al ocupar las elites del reino de Castilla los principales cargos y oficios de la Casa de Borgoña. Solo la Casa de las reinas se mantuvo conforme al modelo castellano de la época de Isabel la Católica, no sin que la influencia de Borgoña se dejase ver en las etiquetas que se dieron en 1575 para el gobierno de la Casa de la reina Ana. Esta confusa y etérea unión de Casas –la del Reino que sustentaba el Imperio y la de la dinastía– se mantuvo sin problemas durante el siglo XVI, mientras las elites castellanas controlaban e influían en el gobierno de la Monarquía. En el siglo XVII, esas elites fueron desplazadas, y las quejas y vindicaciones de los méritos de Castilla en la construcción de la Monarquía comenzaron a afirmarse en términos de contestación, llegándose al punto de que la Casa de Castilla (sin ordenanzas, pero con tradición) se convirtió en la “oposición política” al gobierno.
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